La lucha contra la desinformación en el arco mediterráneo: Aproximación a las legislaciones de España, Grecia y Turquía

La desinformación, entendida como “la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para inducir a error deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público” (European Commission; 2018; 3) es uno de los grandes desafíos a los que tiene que hacer frente la sociedad actualmente. Existen divergencias en el papel que los gobiernos deberían tener en la lucha contra la desinformación (RUBIO, 2023; RUIZ & BALADRÓN-PAZOS, 2023, y HERNANDO-MASDEU, 2022). Por un lado, existe un debate normativo entre regulación y autorregulación en cuestiones como la propiedad de los medios, la transparencia de su financiación y la independencia editorial. Una regulación sancionadora y vinculante es percibida como una injerencia en el libre ejercicio de la prensa. Pero hay sectores civiles, también dentro de las propias empresas comunicativas , que cuestionan la autorregulación, pues ésta decae frente a los fines económicos u otros intereses empresariales. Por otra parte, la sociedad actual está instalada en un sistema híbrido de medios, lo que supone que el consumo informativo se realiza a través de múltiples emisores, de distinta magnitud y con intereses privados cuya regulación genera controversia: las plataformas sociales (CHADWICK, 2017). Un lugar sin intermediarios y con gran capacidad de movilización que la Unión Europea trata de regular con los lobbies en su contra (RICHTER, 2021). Como señala Magallón Rosa (2019: 322): “La limitación de la libertad de expresión, la regulación del discurso periodístico o la transparencia en la publicidad institucional convergen en el cajón de sastre de la legislación relacionada con la desinformación”. Los objetivos de esta investigación son realizar una aproximación a las medidas legislativas que distintos países del arco mediterráneo han aprobado para luchar contra la desinformación, y analizar el grado en que la legislación europea condiciona el modo en el que los Estados luchan contra la desinformación. Para ello, la metodología aplicada será una revisión jurídica, doctrinal, jurisprudencial y académica de las medidas legislativas aprobadas en los últimos años en España, Grecia y Turquía para luchar contra la desinformación. Se trata de un estudio preliminar que pretende comparar los marcos teóricos legislativos. Las hipótesis principales son que los países de la UE aprueban medidas contra la desinformación garantistas con los derechos de la ciudadanía, pero en detrimento de la efectividad de las mismas, como recomendaciones, comunicaciones o códigos de desinformación. En Turquía, el fenómeno de la desinformación es instrumentalizado por los Gobiernos tendentes al autoritarismo para aprobar legislaciones que censuran a medios y ciudadanía, con penas de cárcel o sanciones graves. Los resultados hallados hasta el momento indican que la autorregulación no es una vía eficaz para frenar la desinformación, pues los intereses de la ciudadanía y grandes plataformas de comunicación no son coincidentes y por la dimensión internacional de los entramados empresariales de las plataformas . Por este motivo, la regulación vinculante basada en los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica se contempla como la forma más idónea en que los gobiernos deben luchar contra la desinformación.